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EL ALGARROBICO Y LA CULPABLE UTILIZACIÓN PATRONAL (Y MUNICIPAL) DEL DESEMPLEO.

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Leía días atrás un magnífico artículo de Pablo Larrañeta en un viejo y algo desvencijado ejemplar de Cuadernos Para el Diálogo de la primavera de 1977 en el que hablaba de un insólito referéndum celebrado en el pueblo zaragozano de Escatrón por aquellas fechas y en el que el 94 % de los vecinos aceptaban instalar en él nada menos que una central nuclear que viniese a sustituir a la térmica cuyo cierre era inminente (se produjo en 1980).

Personado en el municipio y hablando con los pocos vecinos que se atrevieron a votar en contra de la central nuclear el motivo real del masivo y entusiasta "sí" refrendario quedaba al descubierto.

La central térmica se había instalado en Escatrón no por conveniencia de la localidad y de su población sino  como designio corporativista del nuevo régimen a través de la Empresa Calvo Sotelo que necesitaba la confluencia del carbón de la provincia de Teruel (para lo cual se construyó un ferrocarril minero desde Andorra) y la abundancia de agua que disfrutaba Escatrón a causa de su localización junto al Ebro para hacer negocio. 

La central entró en funcionamiento en 1953 y destruyó, a causa de la contaminación, las cosechas  de 1954, 1955,1956...obligando a emigrar a la mayor parte de la juventud del pueblo, aquella que no estaba empleada en la central. Los demás, con su sustento dependiendo de la misma, viviendo en casas de la empresa y con sus hijos estudiando gratis gracias a ella estaban definitivamente captados para la causa de la térmica.

Más tarde, allá por 1968, cuando ya no existía remedio para los campos ni para la demografía  de Escatrón y tras dos décadas de monocultivo económico que había cerrado la puerta a cualquier diversificación industrial o de otro tipo, la Calvo Sotelo, agotado el negocio, decidió, lindamente, cambiar sus inversiones de sitio, centrándose en Puertollano. 

La térmica fue heredada en parte por Eléctricas Reunidas de Zaragoza  sin que el INI acabase de desentenderse del todo de su gestión y propiedad pero resultaba ya insostenible. Había quedado obsoleta y la Calvo Sotelo no se había retirado por casualidad. En consecuencia su cierre era inevitable y, como nueva vía de explotación capital-corporativista del pueblo, a algunos lumbreras de Madrid y Zaragoza, se les ocurrió invertir en energía nuclear, después de todo Escatrón seguía disponiendo de agua abundante y el negocio podía salir redondo porque incluso se pretendía alquilar algunos reactores a otras empresas necesitadas de mayor producción. El plan fracasó por la generalizada oposición de los demás pueblos de la ribera del Ebro y del Cinca, que hubieran visto arruinados sus campos, como se arruinaron los del propio Escatrón veinte años antes y, sobre todo, por la ambición trasvasista de la oligarquía catalana que ambicionaba el agua que regaba los campos aragoneses y podía hacer funcionar la central nuclear. Y el proyecto se vino definitivamente abajo tras la moratoría nuclear decretada por el gobierno central en 1982 y de la que algún día convendrá hablar con mayor detalle.

No obstante, y para restarle al asunto nuclear el aspecto de cacicada astracanesca, el ayuntamiento (cuyo alcalde y concejales eran asalariados de la térmica), procedieron al referéndum de la primavera de 1977 que ganaron por goleada con la implícita amenaza del paro y la emigración. 

Todo ello me hizo pensar sobre un suceso reciente que acaso perdure en la memoria del lector y que merece un análisis más cercano a la luz del escepticismo disidente que alienta este blog. Me refiero, naturalmente, al que da título al presente artículo. 

Hagamos un poco de memoria. 

En 2003, y con todas las bendiciones administrativas (que vulneraban de este modo la vigente ley de costas lo que debería llevar a una larga serie de acusaciones por prevaricación y cohecho de autoridades y cargos públicos que ni se han producido ni se producirán), la empresa Azata del Sol, propiedad del constructor José Domíngo Rodríguez Losada, implicado también en la construcción de una urbanización de lujo en un monte protegido de Boadilla del Monte y otros oscuros asuntos urbanísticos bajo la cobertura del PP madrileño, íntimo amigo de Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP, y suegro por entonces del protegido de Rodrigo Rato (no olvidemos Bankia y la conversión de su deuda privada en pública) y futuro privatizador de la sanidad madrileña, con su correspondiente puerta giratoria: Juan José Güemes (que tras su divorcio volvería a casar con Andrea Fabra, la famosa hija de Fabra que espetó en el congreso un "¡Que se jodan!" refiriéndose a los parados), construyó un hotel ilegal en la Playa del Algarrobico, sita en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 

Las protestas y procesos judiciales no se hicieron esperar y la mayor parte del equipo municipal de gobierno de Carboneras, donde se ubica El Algarrobico, del PSOE, acabó ante el juez por su actuación en este caso ( que yo sepa no sucedió lo mismo con los responsables de la Junta de Andalucía o los del gobierno central, pero eso, en España, no es novedad. Ya se sabe que en los sistemas mafiosos suelen caer los peones dejando indemnes a los capos). 

Algunas asociaciones ecologistas, la más famosa sin duda Green Peace, tomaron cartas en el asunto y este se hizo conocido en periódicos, radios y televisiones. 

Así las cosas se llegó a 2012 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró definitiva e irremisiblemente ilegal el dichoso hotel para desdecirse (y habría que analizar detenidamente lo sucedido en el ínterin) en 2014 afirmando justo lo contrario. 

Los últimos lances de esa lucha de la justicia, la razón, la democracia y el medio ambiente contra la avaricia, la corrupción, la mentalidad retrógrada del ladrillazo y la antidemocrática instrumentalización del poder público para favorecer indebidos y turbios negocios privados, han sido, no podía suceder de otro modo, sonados. 

El 11 de mayo activistas de Green Peace llegaron al hotel ilegal y lo pintaron de negro dejando un enorme cartel que afirmaba su condición de ilegal. 

El 15 de mayo unos trescientos vecinos de Carboneras, municipio donde se asienta el Algarrobico, conducidos por concejales del ayuntamiento (ahora regido por una coalición de independientes y peperos) irrumpieron en el hotel para deshacer en lo posible la actuación de Green Peace y reclamar la supuesta legalidad de la construcción y afear, con un deje ideológico de por sí más que sospechoso, que en defensa del medio ambiente hubiera asociaciones que "atacaran una propiedad privada"...Sobre el carácter de privada de una propiedad que atenta contra el bien común y que es desde su base inmoral cuando no delictiva habría mucho que discutir pero no vamos a entrar en ello ahora. 

Lo que me interesa resaltar es que, entrevistados muchos de los vecinos de Carboneras, localidad donde el paro es del 35 % (lo que hace entendible la desesperación de gran parte de sus habitantes) defendían la "legalidad" del hotel con la vaga esperanza de llegar a obtener un empleo en él. 

No es un argumento nuevo, lo hemos visto mil veces en otras tantas manipulaciones patronales y políticas casi siempre turbias, sucias y claramente antisociales y antidemocráticas (desde Eurovegas a la venta de La Almoraima impulsada por el ya ex-ministro y candidato a las europeas por el PP Arias Cañete)...

Y la pregunta a hacerse es siempre la misma: ¿El paro de Carboneras es inevitable o se trata de un instrumento sembrado y alentado por un poder político corrompido y al servicio de unos concretos intereses patronales y empresariales? y, subsidiariamente ¿En diez años ni el ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, ni el gobierno central han podido generar alternativas económicas y de empleo para un pueblo que está claramente desesperado?...evidentemente haciéndolo se hubieran perjudicado los intereses del señor Rodríguez Losada. Y los intereses de un empresario siempre pesan más que los de 8000 ciudadanos. Esa es una buena cifra para meditar sobre la calidad de la "democracia" que padecemos. 

Hacedlo y sacad conclusiones. Porque este es solo un ejemplo, no un caso alejado que no os afecte. 

PD (a 19 de mayo de 2014).- No deja de ser curioso que justo al día siguiente de publicar este artículo salte a la prensa un asunto similar, este en Extremadura. La macrourbanización Marina de Isla de Valdecañas, en Cáceres. El gobierno del PSOE dirigido por Rodríguez Ibarra permitió la erección de dicha urbanización, ahora declarada ilegal por el Supremo. A pesar de la oposición ecologista y vecinal se llevó a cabo por encima de todo y ahora el gobierno extremeño, del PP (y con el apoyo de IU) se niega a ejecutar el ordenado derribo de la urbanización negando el valor ecológico de la isla en la que se encuentra y poniendo como excusa todo tipo de criterios económicos, entre ellos el de los puestos de trabajo que se perderían. Como suele ser habitual los pueblos de los alrededores en los que algunos de sus habitantes son empleados de la urbanización ilegal secundan a la junta que, por lo demás, ni en época del PSOE ni del PP, ha ejercido ninguna acción destinada a la promoción y diversificación económica de la comarca, limitándose a ser cómplices del especulador urbanístico de turno y el fomento, una y otra vez, del ladrillazo. De un ladrillazo orientado al mercado conformado por las clases acomodadas surgidas al calor de la parasitación del estado por la oligarquía. El esquema es frecuente, se repite y nos muestra bien a las claras los motivos que existen para derribar el régimen, hacer una profunda reestructuración social, ideológica y económica y avanzar por fin en lugar de seguir encallados en 1876.

NOTA.- La fotografía es de Catalina Gracia Saavedra.

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